Acceso universal

Así lo traslada el ministro tras recibir un informe enviado por el CERMI

Arias Cañete informa al CERMI de un cambio normativo para mejorar la accesibilidad en el medio rural

06/02/2013

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha informado al CERMI de un actual proceso de modificación de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural, con el fin de hacerla más operativa y eficaz en su aplicación, “dado el escaso éxito que ha tenido desde su puesta en marcha”.

En este sentido, Arias Cañete explica que el objetivo de este cambio normativo es prestar una atención “preferente” y “prioritaria” a aquellos grupos de población que así lo requieran, centrando sus esfuerzos en las mujeres, los jóvenes, los mayores y las personas con discapacidad.

Así lo traslada el ministro en un comunicado dirigido al presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, tras haber recibido por parte de esta entidad un informe relativo a la integración de la discapacidad de cara a una futura Política Agrícola Común (PAC) de Desarrollo Rural.

Según afirma, desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente “somos plenamente conscientes de la necesidad de contribuir a eliminar las barreras físicas y de mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios sanitarios, educativos y sociales”. “Conocemos la importancia de que el medio rural sea accesible para todas las personas y, en especial, para las personas con riesgo de exclusión social”, manifiesta.

Además, señala que uno de los principios de la ayuda comunitaria a través de los fondos del Marco Estratégico Común (MEC), en el que se encuadra la futura política de desarrollo rural para el periodo 2014-2020, es la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación.

Arias Cañete también indica en su escrito que en el nuevo marco legislativo para el desarrollo rural, las prioridades de actuación de cada uno de los fondos comunitarios del MEC se establecerán en acuerdo de asociación que debe redactar el Estado miembro en diálogo con la Comisión.

Asimismo, explica que en España el acuerdo de asociación está siendo elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y en él, según apunta, se tendrán en cuenta las deficiencias y necesidades de desarrollo identificadas, como la elevada tasa de desempleo, la reducida productividad laboral y el incremento de la pobreza y exclusión social, la baja competitividad de las empresas y la debilidad en el campo de la investigación, así como la ineficiencia en el uso de los recursos naturales.

Por otra parte, el ministro expone que en la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural tiene en cuenta a los grupos o colectivos con necesidades especiales y, entre ellos, a las personas con discapacidad. Por ello, manifiesta, las personas con discapacidad forman parte de la Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural, órgano de participación, información y consulta de entidades asociativas del medio rural.

También asegura que, en el ámbito de la Administración Autonómica, los grupos y asociaciones de personas con discapacidad han formado parte de órganos similares a la Mesa dentro del proceso de participación y elaboración de los planes de zona, requisito “indispensable” para que estos planes sean adaptados por este departamento, según establece la Ley.